La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec) informó este jueves que el próximo 3 de enero se dictará sentencia en el juicio penal que sostiene contra exautoridades y extrabajadores de la entidad, por la compra irregular de acciones de la empresa en 2007.
Según un reporte de la empresa estatal, el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, a denuncia y posterior querella de Elfec y ENDE, a Javier de Udatea Corral, Ximena Rivero Nogales, Ernesto Magariños Revollo, Alejandro Alarcón Justiniano, Alfredo Viscarra Araoz, Marcelo Mejía Zambrana y Víctor Hugo Toranzos, son por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, asociación criminal, sociedades y asociaciones ficticias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, se encuentra en la recta final.
“En el proceso se expuso que los imputados endeudaron a Elfec a fin de disponer recursos sin invertir un solo centavo en la compra de acciones, usaron a los trabajadores y engañaron a la comunidad cochabambina, indicando que un socio estratégico, a quien nadie conocía y nunca existió, invertiría el saldo de dinero restante para la compra de acciones, hecho que nunca sucedió, porque todo el monto se sacó de Elfec”, señala el informe institucional.
Para realizar la compra con dinero de Elfec, constituyeron tres “empresas fantasmas” en Panamá, un paraíso fiscal que, tras denuncias internacionales, se conoció que el mismo fue usado para concretar el lavado de dinero.
“Tanto el escandaloso caso internacional de los Panamá Papers, como el de Pandora, que involucran a ciudadanos bolivianos, ratifican y confirman la investigación que desde 2011 viene realizado y denunciando Elfec, sobre la compra irregular de acciones en las que un grupo de exejecutivos, sin invertir un solo dólar, se adueñaron de la empresa, comprometiendo el patrimonio de ésta con préstamos para pagar su compra. En la compra fraudulenta hicieron remesas al exterior sin pagar impuestos provocando daño económico al Estado por doble partida”, acota el reporte de Elfec.
De acuerdo con el comunicado, el proceso no fue nada sencillo, pues los acusados prófugos, que nunca asumieron su defensa, contaron con el apoyo de autoridades del gobierno de facto de Jeanine Áñez para encubrir sus delitos, habiendo planteado, en el desarrollo del mismo, una acción de defensa e incidentes que tuvieron que ser resueltos antes del juicio, superados esos actos dilatorios. “El país espera que el 3 de enero de 2022 los autores de delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, asociación criminal, sociedades ficticias, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, sean sancionados conforme a las leyes de nuestro país y cumplan la pena asignada por la justicia, hecho que significará un alto a la impunidad de la que gozaron cerca de una década”, apunta el informe.